Las señales de la “nueva” política energética no dan certeza
Susana Ivana Cazorla Espinosa
(You can read the English version here.)
Las señales sobre las nuevas reglas que aplicarán en el sector eléctrico mexicano no han sido suficientes para dar certeza a los inversionistas nacionales e internacionales, a calificadoras, a socios comerciales, a ambientalistas, a bancos ni a analistas independientes.
Se reconoce que hay mejoras, tanto en el discurso de la presidenta Sheinbaum, como en el nombramiento de cuadros técnicos en algunas de las posiciones más importantes de las autoridades energéticas. Sin embargo, tres grandes cambios dejan más dudas e incertidumbre que optimismo y certezas:
- La reforma constitucional para transformar a Pemex y a la CFE en empresas públicas.
- La Estrategia Nacional del Sector Eléctrico publicada el 6 de noviembre.
- El retroceso de la CRE y la CNH para convertirse otra vez en organismos desconcentrados dependientes de la Secretaría de Energía (Sener).
¿En dónde estamos parados?
Entre 2013 y 2018 se autorizaron permisos para instalar 34,544.4 MW de capacidad de generación eléctrica, lo cual equivale a inversiones por $54.5 miles de millones de dólares. Entre 2019 y 2024 se autorizaron permisos para instalar únicamente 11,620.1 MW, equivalentes a inversiones por $13.4 miles de millones de dólares. Es decir, entre 2013 y 2018 se instalaron en promedio más de 5,700 MW anuales, mientras en el sexenio pasado se instalaron en promedio apenas 1,900 MW anuales. Algunas estimaciones indican que para atender el rezago en generación y la demanda por geolocalización (nearshoring), se requiere instalar otros 25,000 MW de capacidad de generación eléctrica.
Por el lado de las redes de transmisión y distribución que conectan la energía generada con los centros de consumo, también hay un rezago importante en la ejecución de proyectos. De acuerdo con el Prodesen 2024-2038, Sener instruyó a CFE a ejecutar 208 proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y 168 proyectos de ampliación de las Redes Generales de Distribución entre 2015 y 2023. A la fecha sólo han entrado en operación 14 proyectos de transmisión (6.7%) y 33 de distribución (19.6%).
Lo anterior explica perfectamente los apagones del sexenio pasado, particularmente durante los veranos de 2023 y 2024. El rezago en el desarrollo de la infraestructura eléctrica y el aumento de la demanda por el incremento en las temperaturas provocan que la capacidad de generación disponible sea insuficiente para atender los picos de demanda eléctrica del verano. A esta relación se le conoce como margen de reserva, el cual no puede ser inferior al 6% por confiabilidad del sistema.
De empresas productivas a empresas públicas
La reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 transforma a Pemex y a la CFE en empresas públicas, con lo cual ya no tienen la obligación de ser rentables o generar valor económico para el Estado como su propietario. Dicha reforma establece que los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional serán (1) preservar la seguridad y autosuficiencia energética, y (2) proveer electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado.
Hasta la publicación de las leyes secundarias se verá de qué manera las empresas privadas podrán participar, si “el menor precio posible” se logrará con la continuidad de la política de subsidios, y qué se entiende por “evitar el lucro”, entre otras dudas. Como lo demuestra el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, no hay recursos públicos suficientes para realizar las inversiones en generación, transmisión y distribución necesarias para garantizar la seguridad de suministro.
Estrategia Nacional del Sector Eléctrico
La estrategia nacional del sector eléctrico que se publicó el 6 de noviembre todavía no establece las reglas necesarias para tomar decisiones y parece más bien una guía de buenas intenciones sujetas a barreras ideológicas. Por ejemplo, establece que que la generación privada nunca deberá tener prevalencia sobre la generación de la CFE y que se deberá respetar el umbral de 54% de generación para la CFE y 46% para generadores privados. O sea que la generación eléctrica ya no se regirá bajo principios de competencia económica y libre concurrencia, lo cual inhibirá la entrada de nuevas tecnologías y las consiguientes bajas en precios.
Tomando en consideración las cifras de inversión en generación en los dos sexenios mencionados arriba, no es buena señal la inversión estimada para CFE de $23.4 miles de millones de dólares para generación, transmisión y distribución establecida en la estrategia para el periodo 2024 y 2030. Tampoco es buena señal que la estrategia limite a los privados a invertir hasta $9 mil millones de dólares para instalar centrales de generación de energía renovable que no rebasen los 9,550 MW a 2030.
Hay un punto que sí da esperanza —particularmente a los parques industriales—, pues se habla de un aumento en el tamaño de proyectos de generación de abasto aislado no interconectado de 0.7 a 20 MW de capacidad de generación. Semejante aumento podría dar oxígeno a industriales que busquen generar su propia electricidad. La esperanza se confirmará conforme se den a conocer las reglas de entrada en operación de estos proyectos.
Desaparición de la CRE y la CNH
La transformación de la CRE y la CNH en organismos desconcentrados de la Sener es un retroceso en el avance institucional de estos dos reguladores, pues los hace dependientes de la cabeza de sector, con lo cual aumenta el riesgo de captura política. Las mejores prácticas internacionales indican que los reguladores en energía deben ser técnicamente independientes y libres de presiones políticas para dotar de certeza a los inversionistas en energía, cuyos proyectos son de largo plazo y tardan unos 15 a 20 años en amortizarse. Prevalecen las dudas sobre que éste vaya a ser el caso.
La esperanza muere al último
Veremos si las leyes secundarias son más flexibles y dan suficiente margen de acción para que el suministro energético no siga limitando las posibilidades de crecimiento económico y de bienestar para la industria y las familias mexicanas.
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